Inicio    Patrimonio sin herederos: qué sucede cuando una casa se queda sin dueños

Pongamos que en tu escalera, una vecina mayor muere. No tiene pareja, tampoco se le conocen hijos y, mucho menos, nietos. Tras su defunción, deja una casa y una cuenta con ahorros sin dueño. ¿Qué pasa con ese patrimonio? Si ningún familiar hasta cuatro grados de consanguinidad lo reclama y no ha dejado su voluntad en un testamento, el heredero legítimo de esos bienes pasa a ser la Administración Pública (bien el Estado, bien el Gobierno autonómico), que se verá obligada a subastarlos, tal y como establece la legislación. Pasa lo mismo con herencias rechazadas, el Estado heredará todas esas viviendas si dichos parientes han renunciado.

Los inmuebles sin herederos es una gestión de la Dirección General de Patrimonio del Estado, que depende del ministerio de Hacienda, aunque algunas comunidades autonómicas se rigen por su propia normativa, como País Vasco, Galicia, Navarra, Aragón y Cataluña. Este mes, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) ha anunciado que saldrán a subasta 46 inmuebles procedentes de herencias intestadas, eso es, patrimonios sin testamento (ab intestato). La noticia desató la polémica después de que el Ayuntamiento de Barcelona reclamara al Govern catalán que destinara esos pisos a vivienda pública social. ¿Puede la Generalitat adjudicarse esos inmuebles para ofrecerlos como pisos públicos sociales?

La normativa catalana se actualizó el pasado septiembre, con el decreto 145/2017. Actúa similar a la regulación estatal y establece que la Generalitat es la heredera de esos bienes, después de que un acto administrativo (y no una resolución judicial como hasta entonces) certifique que no cuenta con sucesores el patrimonio de un fallecido. Pero no puede quedarse la titularidad. La misma ley le obliga a liquidar el patrimonio y el dinero obtenido deberá distribuirse en instituciones de carácter social o cultural. Lo mismo sucede con el dinero de las cuentas corrientes abandonadas, mucho más fácil de gestionar que los bienes inmuebles.

Desde 2006, la Generalitat de Cataluña ha obtenido 14,31 millones de euros con la venta de viviendas intestadas. Con este paquete de 46 inmuebles, espera recoger 4,9 millones. Con todo, la nueva regulación incluye que las fincas urbanas provenientes de herencias intestadas puedan ser destinadas a políticas de vivienda social. Según confirman desde la conselleria de Economía, deben disponer de cédula de habitabilidad y, en caso de ser propiedades con inquilinos, se mantienen las condiciones de los contratos. En caso de que no hubiera demanda en la subasta, el Ayuntamiento podría adquirirlos al precio de salida estipulado por la conselleria.

Por otra parte, antes de llegar a la subasta podría darse el caso que una herencia sí tuviera herederos y que las administraciones públicas no lo hayan encontrado. Si alguien confirma que sí hay familiares a quienes les corresponda la herencia, recibirá una compensación por parte de la Administración. Según explican desde la Dirección General del Patrimonio del Estado, suele ser un 10% de lo que valgan los bienes. Es aquí donde entran en juego empresas especializadas en dar con herederos de patrimonios sin testamento.

Localizar herederos ‘perdidos’

Empresas como Coutot–Roehrig, afincada en Barcelona desde 2012, y con una trayectoria en Francia de más de 120 años, localizan personas que desconocen tener legados de fallecidos. Su cliente no es el heredero sino personas anónimas, un administrador de fincas, un abogado o incluso un consulado. Las razones bien son el interés por cobrar esa recompensa del Estado, o una deuda de un piso, bancaria o pagos atrasados de impuestos. Marco Lamberti, el director en España, cuenta que su prestigio se reconoce al ser soporte técnico en el departamento de Justicia del Gobierno francés. “No entiendo que en España no les interese que trabajemos para un órgano público”, lamenta.

Actualmente, el proceso es publicar el aviso de viviendas sin testamento en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para dar con el heredero. O en el caso de Cataluña, se notifica a través del DOGC. “¿Pero quién se lee el BOE?”, opina Lamberti.

Su éxito lo mide en que un 95% de casos encuentra heredero. “No es verdad que no existan herederos”, admite Lamberti. Según explica el directivo, el Estado se queda dinero que debería tener un beneficiario legal. En Coutot-Roehrig tardan una media de 240 días en dar con el heredero y antes de aceptar cualquier caso, valoran los activos y pasivos y estudian si ven rentabilidad para el que va a recibir el patrimonio. “Las herencias que se rechazan son pocas. Son las que también reciben cargas fiscales o deudas que ven inasumibles”.

Los honorarios de su trabajo, por eso, van a cargo del que recibe la herencia y va en función del tiempo invertido en investigar, que suele estar en un 20% del valor total de la herencia. El valor medio de las herencias con las que trata está en 325.000 euros netos para el heredero.

¿Y si rechazas una herencia recibida?

¿Qué pasa cuando un heredero no acepta el legado que le corresponde? En 2017, en toda España se tramitaron 408.402 herencias. De ese total, 42.987 herederos las desestimaron. El número de renuncias se ha disparado desde 2007, año que registró 11.047 renuncias, según datos del Consejo General de Notariado. Por esas herencias sin dueño, el Estado ingresó 12,2 millones de euros el año pasado.

Existe multitud de motivos para rechazar una herencia. Muchos acaban renunciando bien por no tener liquidez para pagar los impuestos de sucesión, bien por deudas que arrastra el fallecido, que entran dentro del paquete de la herencia. Aunque también existe quien quiere repartir con otros descendientes que, en algunas CCAA, permiten pasarla a la siguiente línea sucesoria y así no tributarla, como pasa en Andalucía.

La renuncia a una herencia puede ser simplemente rechazarla o también cederla a favor de otra persona. En este último caso, explica Diego Granados, decano del Colegio Notarial del País Vasco, la herencia no desaparece “sino que es una cesión o donación a favor de los beneficiados, y así se liquidará en Hacienda”. También se liquidará aunque haya transcurrido el plazo para que prescriba el impuesto de sucesiones.

Cuando todos los parientes en la línea sucesoria prescinden de la herencia,  esta correspondería al Estado que “la reciben a beneficio de inventario”, eso es, el heredero responderá a las deudas de la herencia con los bienes que reciba y no con los ‘suyos’ previos.

El Estado tiene la obligación de asignar “una parte a instituciones de beneficencia, organizaciones sociales o entidades del municipio del fallecido, otra parte a instituciones de ámbito provincial y otra parte a amortizar la deuda”, apunta Granados. Asimismo, Granados aclara que según la autonomía puede cambiar y así “en el País Vasco, según el artículo 117 de su Ley Civil, sucede la Administración General, que asignará una parte a la Administración, otra a la Diputación foral y otra al municipio de última residencia del fallecido”.

El impuesto de sucesiones, por su parte, está transferido a las comunidades autónomas, por lo que dependiendo de la región el importe a pagar puede variar. Además se aplicará una reducción en función del grado de parentesco: mayor grado, menor tributación.

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